En Antioquia también descartaron consulta popular minera

MEDELLÍN. El Tribunal Administrativo de Antioquia, uno de los más destacados del País, desestimó la realización de una consulta popular minera en el municipio de Pueblorrico.

 

La decisión fue adoptada luego de que la Sala Segunda  de Oralidad del Tribunal conceptuara que  de la pregunta que se pretendía someter a la consulta por parte de las autoridades, no se ajustaba a las normas constitucionales, “por cuanto, en primer lugar, los derechos a la vida, al agua y al territorio como elemento fundamental del estado, ya fueron derechos consagrados por el constituyente como fundamentales; no ajustándose a derecho indicar que los mismos a través de la Consulta Popular, puedan ser declarados como supremos, sagrados, autónomos y colectivos; pues por el hecho de estar consagrados –valga la redundancia- como fundamentales en la Norma de Normas, es claro que los mismos deben ser protegidos y salvaguardados por cada uno de las personas residentes en el territorio nacional, en especial por el Estado”, reza el fallo.

El documento ratificó que los recursos naturales no renovables son propiedad del Estado, y que en materia de orden territorial las entidades territoriales sólo tienen competencia para reglamentar sobre el uso de suelo, no del subsuelo, por lo que no están facultadas las autoridades locales, municipales o distritales para disponer de zonas de actividad o explotación mineras, ya que esto le corresponde solamente al Estado a través del Gobierno Nacional.

Con esta, ya son tres acciones en lo corrido de este año en Colombia en las que se ratifica que la realización de consultas sobre minería es resorte de la Nación y no de los municipios. La primera de ellas fue en Cajamarca, Tolima, donde el Concejo Municipal, tras una votación de 10 a uno, descartó la posibilidad de una consulta popular minera en esta localidad tolimense.

 

Recientemente, el Tribunal del Quindío rechazó la posibilidad de este mecanismo bajo los mismos argumentos de que no es competencia de las autoridades municipales decidir sobre estos temas, además de que la pregunta de la consulta era subjetiva y no cumplía con los requisitos de objetividad e imparcialidad.