Víctimas de la decisión del CNE sobre trashumancia en Ibagué

IBAGUÉ. Qué tienen en común una candidata al Concejo de Ibagué, un aspirante a la Asamblea del Tolima y un ex gobernador del Departamento? Ellos hacen parte de las 49.971 cédulas cuyas inscripciones para cambio de puesto de votación fueron anuladas en el Tolima, y son obligados a sufragar donde lo hicieron por última vez.

Se trata de la candidata al Concejo de la capital tolimense por el movimiento Firme Por Ibagué, Carolina Rojas; el candidato a la Asamblea por el Polo Democrático Alternativo, Freddy Mosquera, y el ex gobernador del Tolima Fernando Osorio Cuenca (de izquierda a derecha en la imagen), quienes no podrán ejercer su derecho al voto en Ibagué, donde inscribieron su cédula para las elecciones de este domingo, a menos que el CNE les resuelva el recurso de reposición antes del domingo.

 

"Una falta de respeto con los ciudadanos"

Carolina Rojas indicó que a ella no le llegó la notificación del Concejo Nacional Electoral donde le informaban de la anulación de la inscripción de su documento de identidad. Se enteró al querer confirmar su punto de votación en la página de la Registraduría: "Me están negando el derecho que como ciudadana ibaguereña tengo precisamente a ejercer el voto. Me afecta porque quiero elegir un gobernador para mi departamento, quiero elegir un alcalde cívico, y la tristeza que tengo en el corazón de ver que la Registraduría me niega el derecho que tengo a votar, y que además se me impute un delito que no tengo por qué, cuando llevo 10 años viviendo en Ibagué", afirmó.

 

"A esta altura es casi difícil que el Consejo Nacional Electoral tenga en cuenta mis pruebas"

El candidato a la Asamblea del Tolima y delegado de Dignidad Cafetera y Agropecuaria en el Departamento, Freddy Mosquera, se mostró indignado con la decisión del CNE. Indicó que la última vez que votó fue en Líbano, y que ahora deberá trasladarse hasta allí para los comicios de este domingo: "Hace tres años me radiqué en Ibagué donde tengo contratos de arrendamiento, mi hija pequeña estudiando, donde mi esposa tiene un contrato laboral que demuestra que reside de manera permanente. Hay una serie de pruebas que el Concejo Nacional Electoral debería definir para ver si somos residentes o no, si se debe declarar el fraude o nulidad de la inscripción", precisó.

Y añadió que se le está negando el derecho que tiene a votar desde el lugar más cercano a su lugar de residencia, y que lo más grave fue que la resolución fue expedida el 17 de septiembre y hasta el pasado fin de semana le llegó un mensaje de texto, "donde pretenden notificarme de una resolución. A esta altura es casi difícil que el Concejo Nacional Electoral tenga en cuenta mis pruebas", puntualizó. 

 

"Eso genera desconfianza del ciudadano ante el Estado"

el ex gobernador del Tolima y líder del Partido Liberal, Fernando Osorio Cuenca, dijo no estar preocupado por la Advertencia del Consejo Nacional electoral sobre el delito de trashumancia: "Uno puede comprobar que vive acá. Lo curioso del tema y lo que me preocupa es que el cruce de información de las cédulas se hizo frente al Fosyga, y ahí aparezco como residente en Ibagué. A uno lo ponen en problemas. La presunción de buena fe, que es un derecho constitucional, es violado ahí porque lo consideran a uno como un delincuente porque le hablan del delito de trashumancia", precisó.

Y aseguró que también es preocupante que existan personas que aún no hayan sido notificadas: "Van a llegar a la mesa donde se inscribieron y las van a rechazar. Eso genera desconfianza del ciudadano ante el Estado. Creo que fue más una torpeza o ligereza, que querer hacer sanidad en el proceso electoral", aseveró Osorio Cuenca.

 

"Es una decisión del Consejo Nacional Electoral"

El registrador delegado en el Tolima, Humberto Carrillo Torres, explicó que la decisión de anular las inscripciones de las cédulas para las elecciones de este 25 de octubre fue del Consejo Nacional Electoral, que emite una resolución que las dejó sin efecto, y que dicho documento es publicado por las registradurías municipales durante cinco días calendario y que a partir de la fecha de emisión, los ciudadanos afectados cuentan con cinco días hábiles para interponer un recurso de reposición, que debe ser soportado con un elemento probatorio que demuestre el vínculo con el municipio.

Añadió que este soporte puede ser un certificado laboral o de estudio, registro de Cámara de Comercio si tiene algún negocio, o de libertad y tradición si cuenta con propiedades. También puede servir un contrato de arrendamiento, "o cualquier prueba que muestre el vínculo del ciudano con el Municipio. Se radica en la Registraduría, que enviará al Consejo Nacional Electoral para que resuelva", dijo.

Por último, indicó que el tiempo es muy corto para ello, "pero ya es competencia del Consejo Nacional Electoral. Esperemos que se pueda de aquí al viernes o sábado resolver esta situación. Con la anulación de inscripción de la cédula, la persona queda automáticamente habilitada para votar en la mesa o puesto donde lo hizo la última vez, con el propósito de garantizar el derecho constitucional a sufragar", concluyó Carrillo Torres.